Pues sí, aunque parezca impresionante decirlo, falta algo por analizar en el presente caso: ¿Qué hemos de entender por intimidación?

Artículo 178 Código Penal. De las Agresiones Sexuales: “El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual…”

Artículo Artículo 181.1 Código Penal. De los abusos sexuales: El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual…

De lo que se deduce que estaremos ante el tipo de abuso sexual si los actos se realizaron sin mediar consentimiento, o estaremos ante una agresión sexual si se hubiere empleado violencia o intimidación. La diferencia es que en el abuso se pena la falta de consentimiento y en la agresión lo determinante es la acción subyugante de la voluntad por medio de violencia o intimidación.

Cuando hablamos de intimidación estamos haciendo alusión a un concepto jurídico penológico que dependiendo del tipo delictivo ante el que nos encontremos tendrá una concepción y alcance propios. La intimidación no sólo se contempla en los Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, como hemos visto, sino que también viene recogida, entre otros, en los Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Aquí sólo analizaremos la referida a los delitos sexuales, art 178 CP.

Para realizar este estudio nos basaremos en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo donde se perfila dicho concepto jurídico, caracteres y delimitaciones, gozando de un papel fundamental la SENTENCIA Nº 609/2013, DE 10 DE JULIO:

Fundamento Jurídico NOVENO: La intimidación es de naturaleza psíquica y requiere el empleo de cualquier fuerza de coacción, amenaza o amedrentamiento con un mal racional y fundado. Ha de ser idónea para evitar que la víctima actúe según las pautas derivadas del ejercicio de su derecho de autodeterminación, idoneidad que dependerá del caso concreto, pues no basta examinar las características de la conducta del acusado, sino que es necesario relacionarlas con las circunstancias de todo tipo que rodean su acción. Debe significarse que la intimidación entraña la amenaza de un mal de entidad suficiente para doblegar la voluntad de una persona y la valoración de su suficiencia debe hacerse atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso y entre ellas el grado de susceptibilidad de la víctima para ser amedrentada”.

Fundamento Jurídico DÉCIMO:apreciar la intimidación este elemento debe tener relevancia objetiva y así debe constatarse en el hecho probado. Lo relevante es el contenido de la acción intimidatoria llevada a cabo por el sujeto activo más que la reacción de la víctima frente a aquélla. El miedo es una condición subjetiva que no puede transformar en intimidatoria una acción que en sí misma no tiene ese alcance objetivamente”.

Fundamento Jurídico DÉCIMO:la intimidación empleada en el delito de violación no ha de ser de tal grado que presente caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada, sino que basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto del yacimiento, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que, sobre no conducir a resultado positivo, podrían derivarse mayores males, de tal forma que la calificación jurídica de los actos enjuiciados debe hacerse en atención a la conducta del sujeto activo. Si éste ejerce una intimidación clara y suficiente, entonces la resistencia de la víctima es innecesaria pues lo que determina el tipo es la actividad o la actitud de aquél, no la de ésta”. “la intimidación, a los efectos de la integración del tipo de agresión sexual, debe ser seria, previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado”.

Esta sentencia conforma la piedra angular de la Jurisprudencia del Alto Tribunal, teniendo eco y siendo esgrimida en muchas de las sentencias posteriores.

Dicha doctrina, pese a la gran acogida que tiene en nuestros tribunales, adolece de un “vicio”, lógico por otra parte: el debate jurídico se sitúa en torno la actuación de la víctima, siendo ésta la que debe soportar la carga de probar que actuó de forma incólume. Este es un “matiz” del que nuestros tribunales son conscientes, tanto es así que en la misma Sentencia 609/2013 se intenta, se intenta, trasladar el debate de la calificación de los hechos a la acción del sujeto activo: “Lo relevante es el contenido de la acción intimidatoria llevada a cabo por el sujeto activo más que la reacción de la víctima frente a aquélla”.

¿Por qué esto es así? Decimos que es lógico porque es difícil concebirlo de otra forma, no puede valorarse si hubo o no intimidación sin tener en cuenta la actuación de la víctima. Y ello porque desde un primer momento se establece que la intimidación es de naturaleza psíquica, que se da entre dos personas, una activa y otra pasiva, valorándose la capacidad del agente pasivo por cuanto lo psíquico es subjetivo. Otro punto donde advertimos este examen a la víctima es en la consideración de “mal racional”, ¿racional para quién? Esa racionalidad debe ser apreciada, o no, respecto del receptor de la coacción.

Asunto “La Manada”. La sentencia de la Manada está plenamente amparada en el marco legal y jurisprudencial actual, no es ni mucho menos contraria a Derecho. La Audiencia Provincial de Navarra no se aparta del Código Penal y ni del principio de tipicidad: el artículo 178 del Código Penal establece que un atentado contra la libertad sexual se considerará agresión sexual si se utilizó intimidación, por lo tanto, no se podrá penar por agresión si no se prueba que medió intimidación. Consecuencia de ello es que en el proceso en cuestión se valoró si de la actuación de la víctima se desprende que sufrió intimidación. Concluyen los Magistrados que de las pruebas practicadas no se puede inferir que la víctima fuera intimidada.

Con el presente post no pretendemos valorar si la resolución de los magistrados fue la más acertada conforme Derecho, entre otros motivos porque no hemos tenido acceso a las pruebas practicadas.

Pero sí queremos hacer hincapié en la impropiedad y decrepitud del tipo delictivo de agresión sexual contenido en nuestro Código Penal, permitiendo que casos tan sangrantes como el de La Manada se puedan quedar sin una adecuada respuesta punitiva, debiendo establecerse como agresión la falta de consentimiento, como así se establece en diferentes países europeos ¿Por qué? Si bien es cierto que las sentencias las dictan los jueces y no la opinión pública, resulta aún más cierto que las resoluciones judiciales no pueden obviar la realidad social y quizás se deba adecuar la legislación a esta realidad, bastante cambiada desde el año 1995.

 


Post redactado en colaboración con: D. Luis Diego Cobas, Abogado Penalista

https://www.facebook.com/luisdiegocobas

https://www.linkedin.com/in/luis-diego-6070b032/

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s