El mundo judicial vuelve a ser noticia. Y no, no hablamos del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las Hipotecas o a la más que evidente falta de separación de poderes en la elección del máximo órgano de los jueces. 

            La semana pasada se generó gran expectación ante la publicación de una Sentencia del Tribunal Supremo, la 641/2018, de 20 de noviembre; colmando las cabeceras de los principales medios de comunicación. En la misma se establece que, a grandes rasgos, la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja en el hogar familiar extingue su naturaleza originaria, desprendiéndose como consecuencia la posibilidad del no custodio a disponer de su propiedad, si la hubiere. Esta novedosa interpretación se desvincula de la hasta ahora omnímoda e imperante línea jurisprudencial en protección del superior interés del menor. De ahí su importancia, notoriedad y obligado análisis por nuestra parte. 

            Conviene mencionar de manera concisa y por la confusión surgida que el art.96 parfI CC establece: 

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

            La intención del precepto es clara: mantener al menor en el disfrute de la vivienda en la que se fraguó la relación de la que es origen, la ruptura de la misma no puede conllevar su salida de la vivienda familiar. Esto supone que la atribución de la misma irá inexorablemente ligada a la custodia que se acuerde sin “atender” a la propiedad del inmueble y comportando ello que muchos procedimientos de custodia tengan como trasfondo la posesión del bien inmueble. Esta merma en el derecho real por antonomasia, justificada para algunos, abuso para otros,queda fundamentada en la protección del superior interés del menor.

            La Sentencia 641/2018 reinterpreta la disyuntiva en el sentido que mencionábamos: la pérdida del carácter de domicilio familiar por la introducción de la pareja estable del progenitor custodio. Y es que, argumenta la sentencia, con esta nueva circunstancia la vivienda sirve a una familia diferente a la que le otorgó tal carácter, a unos fines distintos a los que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial. Finaliza estableciendo que esta desnaturalización extinguirá el derecho de uso conferido al menor y al progenitor custodio. No obstante, se recogen excepciones: no cabrá “la salida” en tanto no estén cubiertas las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro; igualmente, no podrá acordarse la salida de la vivienda hasta que la sociedad de gananciales existente entre ambos progenitores se liquide.

          Pese a la alarma generada hemos de reseñar que el Supremo resuelve un supuesto muy concreto: matrimonio y sociedad de gananciales son instituciones se están dando con una menor asiduidad y, por tanto, la aplicación directa de esta sentencia, en lo concerniente al desalojo de la vivienda, no podrá expandirse a muchos supuestos de galopante actualidad. Mas esto no quiere decir que estemos ante papel mojado: el valor jurídico de la sentencia y lo que sí puede de extrapolarse a la inmensa mayoría de asuntos es que la vivienda familiar pierde este carácter con la introducción de una nueva pareja: en determinados supuestos y como consecuencia natural conllevará la salida (propiedad del progenitor no custodio), en otros su incidencia será variada en atención a las especialidades del caso (copropiedad), y en otros tantos no tendrá incidencia alguna (propiedad del progenitor custodio). 

           En resumidas cuentas y con lo que debe quedarse el lector: la pugna por la vivienda familiar torna especialmente cruenta cuando hay menores en la ecuación, volviéndose un problema ya no sólo para los implicados sino para la sociedad en sí. Problema que no se solventaba satisfactoriamente antes de la Sentencia y que, advertimos, no se solucionará con lo preceptuado en la misma: las excepciones y la escasa traslación del fallo al resto de casos pueden ocasionar una alta litigiosidad. 

            No queremos quedarnos con una visión apocalíptica del asunto por lo que finalizaremos la presente reseña abogando por la resolución consensual de la disyuntiva, resolución donde se anteponga el superior interés del menor al provecho particular de los progenitores, como no podía ser de otra forma. 


2 comentarios

  1. En mi opinión la resolución es muy acertada. No obstante me quedo con esto : no cabrá “la salida” en tanto no estén cubiertas las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro. Me temo que en la práctica se traduce en que hasta que el progenitor que esta fuera no proporcione tales medios, seguirá viendo como la “nueva pareja” disfruta de su plato y cama.
    Habra que ver que incidencia tiene esta medida de carácter familiar en asuntos de violencia.

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  2. A mi me surge la pregunta : ” cuáles son los requisitos cualitativos y cuantitativos para considerar la convivencia entre dos individuos como una relación estable?”

    Pero al mergen de lo anterior, si estoy absolutamente de acuerdo en la revisión que el Tribunal realiza de la situación de la sociedad de gananciales, situando a cada exconyuge en una nueva posición de igualdad, por qué, si pensamos en la posible afectación que la nueva situación pueda tener en la vida del menor o menores afectados, lo que sí cierto es que ante está nueva unión del progenitor custodio genera un nuevo entorno y una serie de cambios en los que la perspecticva de una vivienda diferente no puede suponer una ruptura de su bienestar.

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